Diputados del oficialismo llamaron la atención este lunes los miembros de la Corte Suprema deben recusarse en una solicitud de control de honorarios presentada por el juez de instrucción Carlos Rosenkrantz con base en su desempeño como abogado patrocinador de la provincia de Santa Fe en un caso contra el Estado nacional por un reclamo de deuda.
La solicitud de Rosenkrantz, agregaron los legisladores, debe ser resuelta por “compañeros de justicia” y sin la intervención de los otros tres miembros de la Corte Suprema.
“La regulación de los honorarios debe ser realizada por los co-jueces del tribunal, ningún miembro del tribunal puede regular los honorarios de Rosenkrantz”, Télam fue planteado por el diputado nacional de la FdT por CABA, Eduardo Valdés, quien también es miembro de la comisión decisoria política de la Cámara de Diputados.
El diputado nacional por Santa Fe Eduardo Toniolli (FdT) coincidió con la posición de Valdés y señaló que “nadie en su sano juicio puede pensar que los integrantes de este órgano colegiado no se verán afectados por tener que decidir el monto que se percibirá “. un compañero que es parte del mismo cuerpo”.
Toniolli también afirmó que Rosenkrantz “Desde 2017 solicita a la Corte la regulación de honorarios, que él mismo integray opinó que “hay al menos un ruido ético importante” por el “doble papel que juega”.
En diálogo con Télam, Toniolli enfatizó que Rosenkrantz “Es parte del organismo que tendrá que regular las altas tarifas en el proceso entre Santa Fe y Nación”.
Y agregó que el juez de la máxima instancia ha estado “en ambos lados del escritorio” desde que fue contratado por Santa Fe en 2008 para patrocinar a la provincia en un juicio de complicidad contra el Estado-nación.
La decisión de contratar al estudio de abogados de Rosenkrantz y su socio Gabriel Bouzat, así como al estudio de abogados de Ricardo Gil Lavedra, fue tomada por la Fiscalía del Estado de Santa Fe en noviembre de 2008, bajo el liderazgo del fallecido exgobernador socialista Hermes Binner. .
El procedimiento no incluyó un proceso de licitación y fue tratado por decreto (3165/08).
Este último punto fue disputado por Toniolli ya en 2015, cuando era entonces diputado provincial, a través de un pedido de informes dirigido al gobierno de Santa Fe, que nunca fue respondido por la entonces dirección socialista encabezada por Antonio Bonfatti.
“Hice una solicitud de información, cuestionando básicamente que se contrataran dos estudios jurídicos externos (para realizar un juicio por complicidad contra el Estado Nacional), mientras que la Fiscalía del Estado, que era el organismo correspondiente y con personal capacitado, y que este también se hizo por contratación directa porque no hubo licitación”, recordó Toniolli, líder del movimiento Evita en Santa Fe.
Otro punto de discordia es el monto de los honorarios que podrían cobrar los abogados que actuaron en el juicio contra la nación en nombre de Santa Fe, entre ellos Rosenkrantz y Gil Lavedra, actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La compensación que la provincia acordó pagar a los abogados se estableció en un contrato de arrendamiento que el gobernador Binner firmó en noviembre de 2008 con los bufetes de abogados Gil Lavedra por un lado y Rosenkrantz y Bouzat por el otro para brindar “servicios de consultoría en asuntos legales”.
Los detalles del contrato fueron publicados este domingo por el portal El Cohete a la Luna; La revelación abrió una polémica sobre las hipotéticas sumas millonarias que los dos abogados, junto con el resto de abogados que intervinieron en el caso, deben cobrar.
En cuanto a las cantidades que pudieran percibir en concepto de honorarios, El diputado Valdés dijo sentir “vergüenza e indignación”, especialmente por la forma en que se mantuvo en secreto esta información durante mucho tiempo.
“La publicación de documentos ocultos bajo siete claves explica por qué Rosenkrantz sudó cuando el entonces senador (Omar) Perotti lo consultó sobre su acuerdo con el Senado”, dijo el legislador, refiriéndose a lo que sucedió en una audiencia del comité de acuerdos del Senado. 12 de marzo de 2016.
En esa oportunidad, Rosenkrantz respondió preguntas sobre el convenio de honorarios que firmó con la administración santafesina en 2008 y dijo que no tenía inconveniente en hacerlo público.
Un proceso interpuesto por Santa Fe contra la Nación por cofinanciamiento culminó el 24 de noviembre de 2015 con sentencia judicial que declaró inconstitucional el artículo 76 de la Ley 26078, facultando a la Nación a retener el 15% del cofinanciamiento. Misa de participación destinada a la Anses.
En junio de 2022, Santa Fe y el Estado nacional anunciaron un acuerdo para iniciar un plan de pago de la deuda acumulada por estas deducciones, que ascendía a aproximadamente 151.000 millones de pesos, a favor de la jurisdicción regentada por Omar Perotti.
Deuda, se acordó en diez años se cancelaría mediante bonos CER mejorables.
Esta operación fue posteriormente aprobada por el tribunal el 6 de septiembre de 2022, iniciándose así el plazo para que el Estado-nación comenzara a pagar con valores públicos, que finalmente se materializó el 17 de septiembre, ya con Sergio Massa al frente. Ministerio de Economía.
Hola, me llamo Martina Mercier y soy una escritora independiente de 28 años. Me crié en una pequeña ciudad rural en el sur de los Estados Unidos, donde crecí rodeada de los paisajes campestres. Desde una edad temprana, sentí una profunda pasión por la escritura. Me encanta contar historias, explorar el poder de las palabras y descubrir nuevos mundos.
Mi escritura se ha publicado en varias revistas locales y sitios web. Me siento particularmente orgullosa de mi último trabajo, una novela sobre los desafíos de la vida moderna. Actualmente, estoy trabajando en mi próxima obra literaria.
