Tribunal Oral Federal (TOF) Número 2 dará a conocer las razones de su sentencia a las partes en juicio no presencialpero que el escrito se incorporará a la causa judicial informática, explicaron fuentes judiciales.
A partir de ese momento, se abrirá un plazo de diez días hábiles para apelar la sentencia ante la Casación, el máximo tribunal penal federal del país.
La instancia de revisión determinará que el veredicto no se cumpla hasta que sea firme y que esta instancia pueda ser en la Corte Suprema, que no tiene plazos para pronunciarse.
Luego de que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso anunciaran su decisión al término de la audiencia oral el 6 de diciembre, enviaron un escrito a la Vicepresidenta resumiendo las razones por las cuales impusieron las penas y penas de seis años de prisión. para otros acusados.
Pero como exige la ley, extenderá ahora una plena exposición de motivos con una fundamentada explicación de su decisión, en virtud de la cual las partes ya asumieron que recurrirían al procedimiento de casación.
Pero desde estas primeras instrucciones, todas las partes han comenzado a preparar sus recursos.
Se espera que los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola impugnen las absoluciones de asociación delictiva, lo que condujo a sentencias significativamente reducidas.
Ambos exigían 12 años de prisión para el vicepresidente, quien fue condenado a seis años e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos por otro delito que se daba por probado; administración fraudulenta.
Además, miembros del Ministerio Público recurrirán a casación contra tres sentencias absolutorias, incluida la del exministro de Planificación Federal Julio De Vida.
La defensa apela
La defensa apelará, buscando revocar las condenas por fraude y afirmar las absoluciones por conspiración, de acuerdo con los argumentos que presentaron en sus argumentos finales el año pasado.
En el juicio se sentó por primera vez en el banquillo el expresidente, acusado de haber beneficiado al empresario Lázaro Báez con el 80 por ciento de las obras públicas nacionales adjudicadas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Poco después de la lectura del veredicto, la jefa del Senado y dos veces presidenta declaró que su condena era parte de un proceso que ya no era un “partido de la ley o la justicia” sino una “mafia paralela del estado y la justicia”.
Tanto la defensa del vicepresidente como la defensa de los demás condenados también tendrían la opción de acudir a tribunales internacionales, en especial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas decisiones son vinculantes para el poder judicial argentino.
Al respecto, la defensa de Fernández de Kirchner condenó la violación de las garantías constitucionales, la persecución y las “leyes” por parte del Poder Judicial.
En previsión de que se hicieran públicas las razones por la importancia institucional que se le otorga al juicio, los jueces argumentaron que “se ha demostrado una extraordinaria conducta dolosa que ha lesionado los intereses económicos de la administración pública estatal”.
En cuanto a la vicepresidenta, consideró que tenía un “interés demostrado en una trama delictiva” plasmada en la tramitación de 51 contratos públicos para obras de construcción de rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz.
Días antes, cuando Fernández de Kirchner pronunció sus “últimas palabras” ante el tribunal, repitió lo que venía diciendo desde el inicio del juicio: que la sentencia que recibirá “ya está escrita” por el “partido judicial”.
En el proceso de casación, la sentencia será revisada por la Sala IV, integrada actualmente por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, pues ya han intervenido en otras causas del caso Carretera.
Los tres jueces, al proceder en estos casos, invitan a las partes a una o más audiencias preliminares y allí escuchan las razones.
Posteriormente, tendrán 20 días hábiles para resolver, aunque este plazo suele ser laxo, como se vio el año pasado con los casos Hotesur-Los Sauces y la firma de un memorándum con Irán, ambos concluidos con sobreseimiento sin juicio oral para el inexistencia de delito y Estudio de las demás Cámaras de Casación, la primera.
En ambos casos, las negociaciones se llevaron a cabo a fines de 2022 y aún no se ha impuesto ninguna sanción.
Una vez que el recurso de casación haya dictado sentencia, podría intervenir el Tribunal Supremo, aunque sin plazos de ningún tipo para dictar sentencia.
Los jueces condenaron al vicepresidente a seis años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos como “autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Lázaro Báez, propietario de la empresa “Austral Construcciones”, recibió la misma condena por el mismo delito en calidad de partícipe necesario.
También fueron condenados a seis años de prisión el extitular de la Administración Nacional de Vialidad en ese momento, Nelson Periotti, y el exministro de Obras Públicas, José López.
Exfuncionarios de la carretera estatal y de la provincia de Santa Cruz recibieron sentencias que van de 4 a 5 años de prisión, mientras que todos los imputados fueron absueltos del delito de asociación ilícita.
El juzgado ordenó el decomiso actualizado si la sentencia es firme por un monto de 84.835.277.378,04 millones de pesos, monto considerado producto del delito.