La Comisión Político Judicial de la Cámara de Diputados organizó una nueva audiencia de juicio en la Corte Suprema del Estado sin la presencia del exministro de Justicia de la asociación Společné pro černa (JxC) Germán Garavan; el senador José Torello, exjefe de asesores de la presidencia, y el prófugo Fabián Rodríguez Simón, exsecretario judicial de Mauricio Macri, quienes han sido citados como testigos por el organismo.
Al comienzo de la reunión, el presidente de la comisión Carolina Gaillard (Frente de Todos) precisó que el testimonio de esta nueva audiencia estaba vinculado a “una de las hipótesis relacionadas con el caso Muiña (Sentencia 2:1) y un posible acuerdo o encubrimiento entre la Corte Suprema y el entonces Gobierno de la política de Macri que cambia el paradigma a favor de genocida y represiva”.
gaillard Precisó que Garavano presentó una notificación en la que manifestó su “imposibilidad de participar” en la reunión y pidió la postergación de la audiencia, al igual que el exviceministro de Justicia Santiago Otamendi..
En cuanto a “Pepín” Rodríguez SimónEl diputado FdT anunció que el exfuncionario envió una nota a la comisión expresando su situación específica por la que se encontraba en Uruguay y afirmando que no tenía “nada que aportar en el asunto”.
Precisamente la Corte Suprema de Uruguay ha declarado “improcedente” el recurso interpuesto por Rodríguez Simón, quien pretendía hacer lugar a su solicitud de asilo político, que le garantizaría no tener que regresar a Argentina, donde es reclamado por la jueza María Servini, quien pidió una investigación por denuncias de acoso al grupo Indalo.
La citación está vinculada a una sentencia “2×1” a favor del condenado por genocidioemitida en 2017 por la Corte Suprema, una de las resoluciones por las que se acusa a los ministros de la Corte Suprema.
Un representante de la FdT también anunció la ausencia de Torelló, quien envió una nota desacreditando la autoridad de la comisión para convocarlo, afirmando que el senador “tiene la obligación de asistir”.
“No lo estamos citando como acusado, sino como testigo”, precisó Gaillard, y agregó que se repetiría la citación. Y si volviera a ausentarse, “se dará traslado a la Presidencia del Senado para que tome las medidas oportunas”.
en tu nota Torelló Dijo que “la Cámara de Diputados no tiene competencia para citarme a interrogatorio por mi condición de senador de la nación, y por eso le he hecho saber a la Presidenta (Carolina Gaillard) que no apoyo ni permito cualquier cuestionamiento que menoscabe la inmunidad que protege el cargo que ocupo por mandato popular”.
El presidente de la bancada de diputados de la FdT, Germán Martínez, afirmó que Torello “es un senador de la nación que debe decir la verdad y oponerse a hipotéticos fueros” y afirmó que “este es un proceso político, no criminal”.
El diputado de la FdT, Rodolfo Tailhade, habló por sí mismo: “Aquí hay que aplicar la doctrina defendida por el legislador PRO Pablo Tonelli, cuando explica que consiste en la solicitud del Senado de ‘levantamiento de la inmunidad, suspensión temporal de la inmunidad funcional'”. con la expectativa de que esta medida se incremente durante las negociaciones.
Entre los testigos que asistieron, la exenfermera Gladys Cuervo, víctima de la dictadura hospitalaria de Posadas, afirmó que la decisión “2×1”, que benefició a uno de sus represores, Luis Muiña, dictada en 2017 por la Corte Suprema, fue “una amnistía encubierta”. y consideró que fue una decisión de “la parte judicial que vino a continuar el trabajo de la parte militar.
Cuervo, una de las víctimas del llamado ‘grupo Swat’ que formaba parte de Muiño, relató que no conocía a los integrantes del tribunal “salvo por su decisión” y recordó que el represor “era parte de una unidad paramilitar “. una turba que actuó impunemente en uniforme, con fusiles al hombro y actuando a cara descubierta”.
Las preguntas de los parlamentarios del FDT encabezados por Tailhad y Hugo Yasky fueron cuestionadas por los legisladores de la JXC, quienes acusaron al partido gobernante de “acosar y revictimizar” a los testigos que comparecen ante la comisión.
Zulema ChesterováLa hija de Jacob Chester, secuestrada y torturada por Muiña, afirmó que “la Corte Suprema quería su personaje, nunca entendí por qué, lo eligieron para estar en 2×1, que nos gustó mucho”.
Tras calificar la decisión como una “aberración jurídica”, Chester dijo que “tengo hijos que tienen el doble de mi edad cuando secuestraron a mi padre y seguimos buscando justicia”, y señaló que “durante el gobierno de Macri había una oficina de la AFI ( Agencia Federal de Inteligencia) en el Hospital Posadas, ubicado en la planta baja, cerca de lo que fue el domicilio del hospital”.
El Procurador General Adjunto del Ministerio de Hacienda de la Nación y ex director del departamento jurídico en el momento de la sentencia Muiña, Horacio Diez, dijo que “la demanda del Dr. Eleny Highton (ex juez de la corte) fue un caso de importancia institucional. tenía que ver con la integración de la Alta Corte y era un proceso de amparo que tenía que ser respondido por el ordenamiento jurídico”.
María Ángeles Ramos de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad precisó que este organismo “tiene una posición institucional en materia de política criminal. Varias propuestas se han referido a la aplicación retroactiva o ultraactiva de la ley 2×1″.
En una de las presentaciones más amplias de la jornada, el secretario legal del presidente del Tribunal Supremo Carlos Rozenkrantz, Federico Morgenstern, admitió que se reunió con la exsecretaria de Justicia Elena Highton sobre “la decisión Muiño”, aunque aclaró que “fueron puramente por asuntos legales.”
“Recuerdo lo loco que fue presentar esa tesis”, dijo Morgenstern, quien tuvo un intercambio único con los legisladores, cambiando ocasionalmente de roles para hacerles preguntas o comentar anécdotas de su vida personal. ..
Dijo que no podía revelar el contenido de las conversaciones con Highton o los abogados de otros comités porque confiaba en la “confidencialidad de la Corte Suprema”.
El testimonio fue solicitado como parte del proceso de juicio político de la comisión contra los jueces de la corte, Horacio Rosatti (presidente), Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Desde la oposición, los diputados de JxC enviaron una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, advirtiendo sobre supuestas irregularidades en el juicio y condenando el “hostigamiento” de los testigos que asistieron a la audiencia.
Finalmente, a pedido de Tailhad, se decidió convocar a los periodistas Jorge Lanata, Martín Granovský, Irina Hauser y Luciana Bertoia a un futuro encuentro para seguir recogiendo testimonios.
El Frente de Todos (FdT) depositó su número en la comisión para solicitar que estos periodistas asistan a la comisión y ratifiquen lo expresado en los artículos de orden que antecedieron a la “sentencia Muiña” del tribunal, con la aprobación de tres de cinco. . magistrados que componían la corte suprema en ese momento.
Estos cuatro nombres se suman a los de Ignacio Miri y Silvana Boschi, cuya convocatoria ya ha sido resuelta por la comisión, aunque también sin fecha exacta de participación.
El directorio de la comisión aún no decide cuándo volverá a sus funciones, pues la próxima semana está prevista una reunión para el martes 28 y la presentación del Jefe de Estado Mayor, Agustín Rossi, para el miércoles 29.
Hola, me llamo Martina Mercier y soy una escritora independiente de 28 años. Me crié en una pequeña ciudad rural en el sur de los Estados Unidos, donde crecí rodeada de los paisajes campestres. Desde una edad temprana, sentí una profunda pasión por la escritura. Me encanta contar historias, explorar el poder de las palabras y descubrir nuevos mundos.
Mi escritura se ha publicado en varias revistas locales y sitios web. Me siento particularmente orgullosa de mi último trabajo, una novela sobre los desafíos de la vida moderna. Actualmente, estoy trabajando en mi próxima obra literaria.
