La información inédita está contenida en el segundo tomo del libro “La verdad os hará libres: La Iglesia católica en la espiral de violencia en Argentina 1966-1983”, editado por Planeta y presentado por el episcopado presidido por monseñor Óscar Ojeabajo la autoría de, entre otros, los teólogos e historiadores Carlos María Galli, Luis Liberti, Juan Durán y Federico Tavelli.
Con información desclasificada, que incluye actas de reuniones secretas, el libro contrasta el papel de apoyo a la dictadura militar que desempeñaron obispos como Adolfo Tortolo -quien fue jefe del episcopado y vicario general militar-; el entonces arzobispo de Buenos Aires Juan Carlos Aramburu y el nuncio apostólico Pío Laghi, entre otros, contrariamente a la posición de obispos como Jaime De Nevares, Vicente Zazpe y Miguel Hesayne, entre los pocos miembros de la jerarquía eclesiástica que condenaron el terrorismo de Estado.
El Papa Francisco tuvo un papel protagónico en la publicación de la obra: en 2012, antes de convertirse en Papa, formó parte del liderazgo del episcopado que apoyó la apertura de los archivos de la iglesia argentina a víctimas o familiares.
“La síntesis, que no es nueva, aunque está documentada en esta investigación, es que el cuerpo colegiado de obispos argentinos no estuvo a la altura”, concluyen los autores en las últimas 900 páginas que componen este segundo volumen. -que acaba de publicarse- y se divide en tres etapas: “Terror” de 1976 a 1977, “Drama” de 1978 a 1981 y “Las culpas” de 1982 a 1983.
Francisco tuvo un papel protagónico en la publicación de la obra: en 2012, antes de convertirse en Papa, formó parte de la dirección del episcopado que impulsó la apertura de los archivos de la Iglesia Argentina a víctimas o familiares, y luego en 2013, Ya como pontífice, dio instrucciones para que se abrieran a este estudio también la Nunciatura de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires y la Santa Sede. Producción.
En el prólogo, los teólogos Liberti y Tavelli dicen que la documentación los confrontó con el dolor y la desolación: “Fuimos testigos del horror de los años más oscuros de la historia de nuestro país a través de noticias desgarradoras y testimonios inquietantes. Ofrecemos este trabajo como una contribución a la memoria de cada una de las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina”, expresan
Los autores explican en la introducción general del libro que la intención era “discernir cuál fue el comportamiento y qué papel jugaron (tanto el Episcopado como la Santa Sede) en relación con el gobierno (militar) y la denuncia e intervención sobre en nombre de las víctimas, en especial de los detenidos y desaparecidos”.
Sin embargo, los autores precisan que el objeto principal de la investigación no es “la actuación individual de cada uno de los obispos en sus diócesis, ni el análisis de su actitud personal ante la situación política o el terrorismo de Estado”.
También se mencionan en la extensa investigación los asesinatos de los sacerdotes palotinos, los crímenes de los curas chamicos y el “asesinato encubierto” del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli con documentación inédita en este último caso sobre las últimas advertencias del prelado de La Rioja:
“Me han amenazado de muerte. Me encomiendo al Señor ya María. Os digo esto sólo para que lo sepáis”, dice en una carta al episcopado y al nuncio.
Mientras Aramburu y Tortolo minimizaban los hechos y coincidían en que “es lícito que el Estado se defienda”, Monseñor De Nevares les respondió: “Entonces el fin justifica los medios. Hay documentación suficiente para saber que se está torturando.’
El libro informa sobre muchas reuniones reservadas entre miembros de la iglesia y representantes de la dictadura en lo que llamaron la ‘comisión de enlace’: “Esta fue el área donde los delegados del gobierno (militar) hicieron algunas de las revelaciones más controvertidas sobre el métodos utilizados en la ‘lucha antisubversiva'”.
Gracias a las notas de monseñor Carlos Galán -secretario del episcopado en aquellos años- quedaron registrados todos los temas tratados en estas conversaciones.
Entre muchos otros, el libro cita una reunión en diciembre de 1977 con la participación de una delegación militar, que admitió ante los obispos “la violación de las normas éticas en la lucha contrasubversiva” y la existencia de “prisioneros ocultos”.
“¿Qué se puede hacer ante testimonios de este tipo?”, preguntó monseñor Carlos Galán en un encuentro posterior, destacando “las diferentes posiciones entre los obispos y el dilema en el que se encuentran”, dicen los autores.
Mientras Aramburu y Tortolo minimizaban los hechos y coincidían en que “es lícito que el Estado se defienda”, De Nevares les respondió: “Entonces el fin justifica los medios. Hay documentación suficiente para saber que se está torturando.’
El silencio cómplice de la mayoría de la Iglesia se aclaró unos meses antes, en mayo de 1977, cuando otra comisión militar visitó a los obispos reunidos en asamblea plenaria en San Miguel.
“La victoria por la que luchan las fuerzas armadas no se puede lograr sin el apoyo de la Iglesia”, dijo allí a los obispos el general Roberto Viola, y agregó: “Hasta ahora, la posición de la Iglesia sobre el Proceso y más específicamente sobre la lucha (se refiere a la “lucha contrasubversiva”) ha sido una lucha de entendimiento y más para nosotros significó un apoyo silencioso e invaluable”.
Al día siguiente de aquel encuentro, “resurgió de nuevo entre los obispos la dialéctica de hablar o callar”, dicen los autores del libro, citando la frase del entonces cardenal Raúl Primatesta -cuatro veces presidente de la diócesis, arzobispo de Córdoba por 33 años años y una de las figuras de la jerarquía católica más cuestionadas por su vinculación con la dictadura, quien llamó a sus pares a “no lavarse las manos a favor o en contra” de los militares del gobierno.
“La victoria que buscan las fuerzas armadas no puede lograrse sin el apoyo de la Iglesia”, dijo el general Roberto Viola a los obispos presentes.
A lo largo del libro se constata la conciencia de la jerarquía católica de la época sobre los métodos ilegales empleados por la dictadura militar, y se relatan uno a uno los encuentros de los obispos con los responsables de la dictadura.
“Al menos desde mediados de 1976 y especialmente desde principios de 1977, el episcopado tenía suficiente información sobre violaciones de los derechos humanos. Por un lado, numerosas solicitudes de intervención atestiguan la forma en que se llevó a cabo. Algunos obispos eran conscientes de que muchas ciudadanos fueron secuestrados, torturados y asesinados por sus propias y variadas experiencias en sus respectivas diócesis”, dice la reflexión final de “El terror”.
Según los autores, el episcopado “evitó que sus manifestaciones y acciones ‘debilitaran’ la frágil unidad de la junta militar”.
“El camino que emprendimos mantuvo un difícil y arriesgado equilibrio entre el apoyo a un gobierno terrorista -que consideraban necesario para restaurar la paz- y la lucha por el respeto de los derechos humanos, lo que llevó a una imagen del episcopado alejada de la fuerza y la justicia. necesario”, dicen los autores.
Un capítulo especial habla de la vicaría militar, que, encabezada por Tortolo, brindó acompañamiento y asistencia tanto a los soldados torturados -“para animar a los que combaten a la guerrilla”- como a los detenidos en centros clandestinos.
“El vicariato militar fue un protagonista activo durante el período que se examina, especialmente desde el ascenso de las fuerzas armadas al poder y el aumento de la violencia y el terrorismo de Estado”, concluyen los autores.
“Tortolo, arzobispo de Paraná, vicario militar y presidente de la conferencia episcopal hasta mayo de 1976, fue uno de los obispos más influyentes en el colegio episcopal y, gracias a su papel en la zona, conocía muy bien los hechos que rodearon al golpe Estado. de las fuerzas armadas”, describen.
De hecho, revela el libro, Tortolo buscó información para asesorarlo sobre “métodos que eran moralmente lícitos de usar en caso de ‘guerra interna’ o ‘represión forzada de la sedición criminal’.
Los autores afirman que en los archivos que revisaron, “no encontramos documentación que nos permitiera resolver la deuda pendiente con la empresa para localizar a los niños desaparecidos, elegibles y aún buscados”.
En una ominosa revelación, el libro cuenta que a fines de 1977, Mon el secuestro de las monjas francesas Alice Domon y Leonie DuquetTortolo sugirió que los obispos estudien la “ética de la represión de la guerrilla”.
“Aquí estamos ante un enemigo que no siempre está en acción; no es un enemigo potencial, sino uno que siempre está listo para atacar; y si la moral nos da derecho a matar a quien pueda matarnos, creo en cierto sentido que el gobierno (militar) puede aplicar esos principios”, dijo un vicario militar cuestionado por Primatesta y Aramburu sobre las acciones de la junta.
La investigación explica que la vicaría militar “tuvo acceso a información privilegiada sobre diligencias realizadas en áreas de las fuerzas armadas”.
Tanto Tortolo como otras autoridades del episcopado, así como el nuncio pontificio, eran conscientes de que “no se trataba de un comportamiento o abuso aislado, sino que esta violencia podía ser provocada por una política de Estado”, tal y como se afirmaba en los diálogos que se estaban desarrollando, p. en el marco de la comisión permanente de la ČEA a principios de 1977.
En cuanto al destino de los niños desaparecidos y sustraídos, los autores afirman que en los expedientes que revisaron “no encontramos documentación que nos permitiera resolver la deuda pendiente con la empresa para determinar el paradero de los niños desaparecidos, sustraídos y personas aún buscadas”. . “.
Con “dolor”, los autores del libro dejan varios interrogantes en las últimas páginas: “¿Cómo es posible que algunos obispos con tanta experiencia en el liderazgo no se den cuenta? ¿Por qué el episcopado no podría acoger mejor a quienes están cerca de las víctimas del terrorismo de Estado?”. ¿Cómo fue posible dejar esta herida abierta en la iglesia y en las empresas argentinas?
Preguntas que aún no tienen respuesta 47 años después de los hechos.