“Seguiré luchando por defender mi dignidad como argentino y como profesional desde mi lugar y contaré lo que pasó en mi jurado”.remitió el exmagistrado en declaraciones a la radio AM 530.
Carzoglio fue suspendido de su cargo en 2018 tras negarse a cumplir con un pedido de arresto de Hugo y Pablo Moyan por supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente y luego de que agentes del Servicio Federal de Inteligencia (AFI) al mando de Gustavo Arribas le instruyeran continuar en ese sentido.
“El jurado empezó en 2015 con los cargos de 2010 a 2013, que respondían al enfrentamiento que tuve con la fiscalía de Avellaneda, que no actuó debidamente en relación a la policía.. Cancelé el trámite y empecé a tener problemas con la UFI 4 Avellaneda”, describió el exjuez.
Carzoglio fue destituido preventivamente de su cargo a finales de 2018 y desde entonces ha recibido solo una parte de su salario hasta la resolución del jurado en la que se le acusa de interferir en la elección del Colegio de Abogados de Lanús-Avellaneda, falsificar documentos, coaccionar y abusar de autoridad sobre sus empleados, y poderes de malversación en asuntos exteriores.
Sobre estas denuncias, el exjuez afirmó que “todo esto estuvo paralizado hasta 2018, cuando me negué a dictar orden de captura contra Pablo Moyan”.
Y agregó que luego de negarse a emitir una orden de aprehensión condenó “el comportamiento un tanto errático de la Fiscalía Bonaerense y la visita que recibí de agentes de la AFI para ‘convencerme’ de la necesidad de detener a Moyan”.
En ese sentido, advirtió que tras ignorar las presiones para hacer un arresto, “volvieron a activar el jurado en un mes en octubre y me separaron de mis funciones en diciembre”.
“En fin, el objetivo era que si no detenía a Moyan, tendría un jurado como el que terminó ayer y ayer me soltaron”, analizó.
“Todo esto quedó paralizado hasta 2018 cuando me negué a emitir una orden de captura contra Pablo Moyan.Luis Carzoglio
En la entrevista, El ex juez incluso condenó que hasta el final del jurado hubo “maniobras” del fiscal general de Buenos Aires, Julio Conte Grando, “que entorpecieron el desarrollo del juicio”..
En ese sentido, dijo que “el actor, el actor (Conte Grand), nos trató con arrogancia y falta de respeto. Se afectaron las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa en juicio”.
Tras el testimonio de la semana pasada de 85 testigos, 55 de los cuales fueron propuestos por la defensa del magistrado encabezada por el abogado Diego Raidano, el jurado definió la apelación e inhabilitación del magistrado.
La decisión tomada en los tribunales de la ciudad de La Plata fue leída por el secretario de la Comisión Permanente, Ulises Giménez, luego de la votación de los miembros del jurado que estaban presentes al momento de la decisión.
Los miembros del jurado que votaron por la revocatoria e inhabilitación fueron la jueza Hilda Koganová (presidenta del organismo); los abogados Graciela Beatriz Amione, Pedro Jorge Arbini Trujillo, Jorge Pablo Martínez, Pablo Esteban Perrino y Juan Emilio Spinelli.
Los legisladores de Juntos por el Cambio Ismael Santiago Passaglia y Érica Revilla, así como Walter Héctor Carusso de Espacio Abierto (UCR y JxC corriente interna vinculada al alcalde de San Isidro Gustavo Posse) también votaron por la destitución e inhabilitación de Carzoglia.
Mientras tanto, dos legisladoras de la FdT que formaban parte del jurado, Débora Galán y Maite Alvado, no estuvieron presentes en el momento de la votación.
Desde 2018, Carzoglio ha denunciado que, tras rechazar el pedido de detención del subsecretario de Camioneros Pablo Moyan, firmado por el fiscal Sebastián Scalera, aceptó la visita de dos altos agentes de la AFI de la dirigencia de Mauricio Macri.
Los dos agentes del Servicio Secreto eran Rubén Di Pasquale y Juan Sebastián De Stéfano, quienes insistieron en la necesidad de arrestar a Moyan e incluso, dijo Carzoglio, incluso le entregaron un proyecto de resolución para que lo firmara.
Tras esta negativa, el entonces juez Lomas de Zamora fue condenado por el Conte Grand por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Según el escrito de acusación de la fiscalía, el ahora exjuez de Garancí intervino en amparo sin ser elaborado, dictó órdenes de allanamiento sin fecha y ordenó beneficios vinculados a expedientes extranjeros a los presos.
Conte Grand también lo condenó por “expresiones indecentes y agresivas” hacia el agente fiscal, por “malos tratos” a su personal judicial y por supuestas irregularidades al ordenar un allanamiento en el Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús.
Entonces primero fue revocado preventivamente por 90 días y luego directamente se decidió suspenderlo y ayer fue revocado e inhabilitado para ejercer su cargo.