El 16 de julio del año pasado, el Consejo logró aprobar por última vez en el pleno una terna de magistrados para el ascenso al Poder Ejecutivoen tres concursos de justicia civil, familiar y juvenil.
En ese momento, el marco de acuerdos entre el oficialismo y la oposición no fue suficiente para proponer definiciones sobre los tribunales y cámaras federales vacantes en Comodoro Py y otras partes del país.
Desde entonces, con excepción de la infraestructura administrativa y tecnológica, el Consejo no ha cumplido con su tarea principal: elegir jueces que serían seleccionados por el ejecutivo y aprobados por el Senado.
El consejo ha tenido más de mil contiendas y está en condiciones de ser votado por el pleno si estuviera completamente integrado, y no con 16 como ahora, y si el ambiente político permitiera pactos entre el oficialismo y el partido. oposición.
El asentimiento 2 de la Corte Suprema el pasado jueves, que rechazó el juramento en el Consejo al senador oficialista Martín Doñate, introdujo un nuevo elemento al conflicto de poderes que mantiene secuestrado al organismo.
Esencialmente, El tribunal debe fijar una fecha de juramentación para los tres senadores y esperar a que los legisladores presten juramento si no lo hacen..
“Lo único ilegal es lo que hace la Corte y viola todas las reglas de la democracia. Una vez más está recurriendo a una herramienta de la superintendencia como este vergonzoso trato para revocar un acto administrativo del Senado. Más evidencia de bajo rendimiento”, El abogado adjunto Rodolfo Tailhade expresó una decisión poco conocida.
En el Consejo, representantes de abogados y jueces quieren volver al trabajo con la esperanza de que el organismo gane un lugar central en el debate político.
Fuentes del Consejo hablan de la “urgencia” de funcionamiento, que se refleja en la circulación interna de “propuestas de comisión”, especialmente a petición del bloque de jueces.
El pleno necesita 13 miembros para que haya quórum y dos tercios de los regidores presentes para aprobar las ternas, una mayoría esquiva desde que Horacio Rosatti presidió la última sesión en julio del año pasado.
El pleno necesita 13 miembros para que haya quórum y dos tercios de los regidores presentes para aprobar las ternas, una mayoría mayormente volátil desde que Horacio Rosatti presidió la última sesión en julio del año pasado.
Pero el conflicto comienza en diciembre de 2021, cuando el mismo tribunal se pronunció sobre el Consejo y declaró “inconstitucional” su integración de 13 miembros.
Para la Corte no había “equilibrio” en un órgano integrado por tres jueces, dos abogados, cuatro legisladores de la mayoría, dos de la minoría, un académico y un representante del ejecutivo.
Y ordenó aprobar la nueva ley o volver a la integración de 20 con el presidente del tribunal en un plazo de 120 días; cuatro jueces; ocho legisladores (cuatro de cada cámara, dos del oficialismo, uno de primera minoría y uno de segunda minoría); cuatro abogados; dos del sector académico y uno del poder ejecutivo.
El siguiente nivel de confrontación entre poderes vendría cuando el oficialismo decidiera crear la “Unidad Cívica” para reclamar el lugar de la segunda minoría, lo que el tribunal anuló con el argumento de que era un “truco” y el escaño lo ocupaba El senador delantero PRO Luis Judge.
Ante la insistencia del Senado por parte de Martín Doñato, la Corte decidió ejercer su competencia sobre el juramento de los directores y no tomó el juramento, sino María Inés Pilatti Vergara (FdT), Mariano Recalde (FdT) y Eduardo Alejandro Vischi (UCR) , en fecha por confirmar.