A través de una carta abierta, el colectivo expresó su “indignación por las informaciones difundidas en diversos medios de comunicación que informaban sobre el posible nombramiento de Robert Prieu Mántaras para el cargo de Fiscal General de la provincia”.
Pokojská integra la terna de aspirantes al título de AMP de Santa Fe junto a la actual auditora del organismo María Cecilia Vranicich y el mucama rosarino Javier Beltramón.
De acuerdo con los mecanismos institucionales, el gobernador debe enviar una especificación de uno de los tres a la legislatura, que analiza la propuesta y luego la aprueba o la rechaza.
Rechazamos el posible nombramiento de Robert Prieu Mántaras para el cargo de Fiscal General de la provincia, cargo que implica la implementación de la política de investigación del Ministerio Público. Y le pedimos al gobernador que no proponga al aspirante mencionado pic.twitter.com/ZDqJUwMODs
— #Abortolegal Rosario 💚 (@CampaAbortoRos) 14 de marzo de 2023
En su texto, la campaña apuntaba a tres decisiones firmadas por Prieu Mántaras, que considera “fuertemente cuestionables” por su contenido.
Uno de ellos se refiere “la anulación por ‘razones técnicas’ de la condena de Monseñor (Edgard) Storni por los abusos sexuales denunciados por el joven seminarista Rubén Descalzo, anulación que permitió a Storni quedar impune y recibir su pensión privilegiada hasta su muerte”.
El segundo mencionado en la carta abierta apunta a “Revocar la condena en primera instancia de un hombre por el delito de discapacidad física por abuso sexual cometido contra su sobrina de 12 años”.
Como recuerda La Campaña, esta resolución fue posteriormente anulada por la Corte Suprema con los siguientes argumentos: “En cuanto a la valoración del testimonio de la víctima en la sala de Gesell, la motivación de la sentencia se apartó de los estándares internacionales (…), relativizando y/o desconociendo el testimonio de la niña que fue víctima de abuso sexual”.
Además, insistió, “más cuando existen pruebas que concuerdan con su testimonio, que también fue desestimado injustificadamente. En fin, (el juez Mántaras) desconoce el valor probatorio del testimonio de un menor más allá de lo convencional, constitucional, legal y jurisprudencia de alto nivel el nivel orgánico lo permite”.
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Finalmente, la organización se refirió a una sentencia relacionada con la ONG Gravida “en el que una psicóloga se infiltró en el Hospital Iturraspe para manipular a la familia de una menor de 12 años afectada, embarazada producto de una violación, negándole a la niña el derecho al aborto ya la atención integral de su salud”.
Como consecuencia de su actuación, la profesional fue suspendida por el gremio del sector y “Mántaras anuló la decisión de primera instancia y ordenó al gremio anular la sanción”, decisión que, según la carta abierta de La Campaña, fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
“Estos tres ejemplos que revisamos muestran la tendencia constante del candidato Robert Prieu Mántaras a subestimar la voz de los niños y el respeto de las leyes y tratados de derechos humanos en relación con la protección de mujeres y niños en situaciones de violencia”.apoyó la campaña.
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