Prórroga excepcional de 30 días hábiles para interponer recursos en el caso de Carretera se agotaron los tiempos para entregar el caso a la Cámara Federal de Casacióndonde se abrirá un nuevo frente de conflicto con el rechazo anunciado de los jueces.
En particular, se espera que al menos la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicite la comparecencia de los magistrados que actualmente integran la cuarta sala del máximo tribunal penal federal del país, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. a un lado porque las fuentes evaluadas de los casos.
Esto sólo ocurrirá cuando el caso llegue a éste, se citará a las partes para sus primeras presentaciones y siempre que los mismos jueces sigan siendo los encargados de revisar la sentencia en ese momento.
El vicepresidente fue condenado a seis años de prisión e inhabilitado de por vida para cargos públicos por el presunto procedimiento fraudulento no está fijada, como lo están las demás sentencias impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) el 6 de diciembre del año pasado.
Antes de la casación, también se podría considerar si procede que el caso continúe en la Sala IV, donde ahora se encuentra, o si debe ser revisado por una Sala I, integrada por otros Jueces de Paz, en las apelaciones en que anteriormente habían intervenido.
Todas estas cuestiones deben resolverse antes de que pueda comenzar una revisión de la sentencia, que ya está siendo apelada por todas las partes.
De continuar la investigación ante la Sala IV, la recusación de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que representan a Cristina Kirchner, se dirigirá contra los jueces Borinski y Hornos por la sospecha de parcialidad vinculada a las visitas de los dos expresidentes de Mauricio. Macri en Quinta de Olivos o Casa Rosada, durante su reinado, entre otros.
Por su parte, Carbajo intervino para revisar la condena de uno de los imputados en la causa por presuntos delitos relacionados con el servicio comunitario nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, hecho que consideró TOF2 en Caminos.
Se trata del empresario y dueño de “Austral Construcciones” Lázaro Báez, condenado por lavado de dinero, veredicto confirmado el mes pasado por otra corte de apelaciones, de la cual Carbajo es uno de los integrantes.
La defensa entendió que lo juzgado en este caso tenía puntos en común con lo que Carbajo tendría que revisar ahora en Vialidad, y por tanto el juez ya se habría pronunciado al respecto al confirmar la condena de Báez en el primer juicio. oral.
El pedido de ampliar los plazos para interponer recurso de apelación ante el tribunal oral fue impulsado por dos abogados defensores y los jueces lo aceptaron con base en la “particular complejidad de los hechos” considerados desde el fundamento de sentencia de 1.622 páginas que publicaron el 9 de marzo.
Por lo tanto, hubo un plazo de diez días hábiles a 30 antes de que pudieran apelar tanto la defensa como los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes apelaron la decisión de absolver a tres acusados, entre ellos el exministro de planificación federal Julio De Vida, y considerar los demás penalizan el acto de asociación ilícita como no probado.
Sobre este último delito, en virtud del cual la fiscalía solicitó 12 años de prisión para el vicepresidente, dos de los integrantes del tribunal, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, concluyeron que “no se pudo probar” mientras que en este punto disintió Andrés Basso, el tercer juez.
En cuanto a la información sobre administración fraudulenta, lLos jueces consideraron que la adjudicación de 51 obras públicas en la vía de Santa Cruz entre 2003 y 2015 a empresas de Báez, entre ellas “Austral Construcciones”, constituyó un “acto de corrupción estatal” que resultó en “enorme daño” al erario público.
Las supuestas maniobras tenían un “fin económico” para “beneficiar al empresario y a sus socios comerciales”, dijeron los jueces, quienes en sentencia oral ordenaron el decomiso de 84.835.277.378,04 millones de pesos en caso de confirmarse la sentencia, y una cantidad estimada en el producto de actividades delictivas.
En sentencia de 6 de diciembre, Gorini, Giménez Uriburu y Basso condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, considerándola “penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la ciudadanía”. ” gestión.”
Báez, propietario de la empresa “Austral Construcciones”, recibió la misma condena por el mismo delito en calidad de partícipe necesario.
Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en ese momento, y José López, exministro de Obras Públicas, también fueron condenados a seis años de prisión, mientras que De Vido fue absuelto.
Exfuncionarios de la carretera estatal y de la provincia de Santa Cruz recibieron sentencias que van de 4 a 5 años de prisión, mientras que todos los imputados fueron absueltos del delito de asociación ilícita.