El imputado en la justicia federal es Vicente Luis Magnaterra, quien fue acusado de “realizar 56.864 consultas en los sistemas internos de la dependencia, de las cuales 35.439 (62,32%) no tenían justificación”, según una presentación a la que accedió Télam firmada por el titular de la organización, Carlos Daniel Castagnet, de fecha 16 de febrero, que recayó en el juicio de Julián Ercolini.
Los datos facilitados muestran que 60.000 consultas de Magnaterra corresponden al periodo del “1. 1. 2017 a 24. 10. 2019
Además de Magnaterra, está obligada a ser investigada “cualquier otra persona que, como consecuencia del proceso, resulte ser autor, coautor, cómplice, instigador o cómplice”. de lo informado porque la agencia cree que es materialmente imposible que una sola persona pueda obtener todos estos ingresos.
La presentación también destaca que los funcionarios de la AFIP no pueden investigar la vida de los ciudadanos sin motivo justificado, y por otro lado, se cree que los hechos investigados también “ofenden directamente a la administración pública” porque se realizarían “dentro de la competencia de la organización utilizando sus sistemas y activos informáticos”.
Los datos facilitados muestran que 60.000 consultas de Magnaterra corresponden al periodo del “1. 1/2017 al 24/10/2019, cuando el imputado, quien aún es empleado de la dependencia, se desempeñaba como jefe del Departamento de Riesgos, Auditoría Interna Planificación y Control durante la gestión de Leandro Cuccioli en la AFIP”, aclaró posteriormente la organización en un comunicado. declaración.
Por el monto de los ingresos no autorizados, AFIP consideró “necesario y urgente” interponer la correspondiente denuncia penalcon el fin de “preservar la integridad de los datos de los sujetos humanos cuya privacidad puede haber sido comprometida, complementada con el hecho de que estos son en gran parte contribuyentes que realizan actividades con alta exposición al público o cuyas decisiones son responsabilidad de terceros”, añadió.
Por el monto de los ingresos no autorizados, la AFIP entendió que era “necesario y urgente” interponer la correspondiente denuncia penal con el fin de “preservar la integridad de los datos personales”.
Una vez realizada la presentación, la AFIP se puso a disposición de la justicia y rechazó “cualquier maniobra que se haya intentado en el pasado para convertir a la organización en una máquina de espionaje y persecución”.
Mientras tanto, el fiscal general Ramiro González firmó una carta apoyando la investigación.
En 2020, la extitular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, presentó una denuncia similar sobre la supuesta existencia de un grupo de trabajo dentro de la agencia de cobro de deudas para perseguir a personalidades o empresas durante el liderazgo de Mauricio Macri. que también recayó en el mismo juzgado que estuvo a cargo de Ercolini y al que aún no se le ha hecho justicia.